El Gobierno ha aprobado un importante anteproyecto de ley orgánica destinado a proteger a los menores en el mundo digital, el cual introduce varias medidas para salvaguardar su seguridad en internet. Entre las principales reformas, destaca la obligación de que los nuevos dispositivos digitales cuenten con controles parentales predeterminados. Esta medida, junto con la regulación de los contenidos y servicios, busca ofrecer un entorno más seguro para los jóvenes que acceden a plataformas en línea.
Uno de los puntos clave de la ley es la inclusión de controles parentales gratuitos y fáciles de activar en todos los dispositivos digitales, que deberán estar presentes desde la configuración inicial del producto. Además, se establecerá un etiquetado claro que advierta sobre los riesgos de un uso inadecuado de la tecnología y sus efectos potenciales sobre el desarrollo físico y emocional de los menores. Esta iniciativa tiene como fin permitir un control más efectivo sobre los contenidos a los que los niños y adolescentes pueden acceder.
Otro aspecto importante de la reforma es el aumento de la edad mínima para el consentimiento en el tratamiento de datos personales. A partir de ahora, los menores deberán tener al menos 16 años para poder prestar su consentimiento a la hora de registrarse en redes sociales o acceder a servicios en línea. Esta medida busca dar a los jóvenes una mayor protección frente a la recolección de su información personal por parte de plataformas digitales.
En el ámbito educativo, se regulará el uso de dispositivos digitales en los centros de enseñanza. Desde la educación infantil hasta el bachillerato, los centros deberán cumplir con directrices específicas para el uso didáctico de la tecnología, garantizando que se utilicen de manera adecuada para el aprendizaje y sin exponer a los menores a riesgos innecesarios. Además, se implementarán programas de prevención en Atención Primaria para detectar usos problemáticos de la tecnología y posibles problemas de salud derivados del abuso de pantallas.
Finalmente, el anteproyecto contempla reformas en el Código Penal para hacer frente a delitos en el entorno digital. Entre las medidas más destacadas, se incluye la tipificación de las ‘deepfakes’ como delitos graves, con penas de prisión para quienes generen imágenes falsas con fines vejatorios o sexuales. También se introducen penas más severas para quienes utilicen identidades falsas para engañar a menores, así como órdenes de alejamiento digital para proteger a las víctimas de acosos online.
Redacción (Agencias).
